sábado, 9 de junio de 2012

“Se ha demostrado que todos los delitos existieron”


El abogado Diego Czerniecki, que representa a la querella en el juicio contra diecisiete represores acusados de graves delitos de lesa humanidad, se refirió al alegato de parte que junto a sus colegas Mántaras y Larrea expuso en las últimas audiencias del proceso oral. “Estamos esperando el verdadero momento histórico de todo esto: la condena”, dijo.
Tal como informó este diario, el juicio que se sigue en nuestra ciudad contra diecisiete represores, acusados de graves delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, ingresó en estas semanas en su recta final.
Durante las últimas audiencias, expusieron el alegato de parte los abogados Diego Czerniecki, Mirta Mántaras y Walter Larrea, quienes representan en la querella a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense.
El alegato, explicó el doctor Czerniecki en diálogo con el programa “La Máquina de Hacer Mañana”, “es la culminación de todo el trabajo de este juicio, que empezó el 28 de junio. Lo primero que se hizo fue leer los requerimientos de elevación a juicio, en los que se detallaban cuáles eran los casos por los que fueron llevados a juicio los represores. Después de eso, viene la parte de la prueba, donde comenzaron a declarar los testigos y se añadió prueba documental. Terminada la etapa de pruebas, vienen los alegatos donde las partes valoramos esa prueba a la luz del requerimiento y decimos si está o no está probado aquello por lo que se elevó a juicio a estas personas”.
El abogado calificó como “brillante” a la exposición de su colega Mántaras, quien “explicó el contexto histórico en que se desarrolló todo esto y las normas en las cuales se basaba. Porque el aparato represivo estaba organizado: no eran militares sueltos que hacían lo que querían. Había una estructura armada, un aparato de poder, generado para producir el genocidio y el desastre que hicieron”.
Posteriormente, correspondió a Larrea y al propio Czerniecki “exponer los casos por los cuales esta gente había sido elevada a juicio. Y, a la luz de los testimonios y el resto de la prueba, creemos haber demostrado todos los hechos. Se ha demostrado que todos los delitos de los que los acusamos existieron y ellos son los responsables, en los lugares que ocupaban en la cadena de mando”.
“Ahora, estamos esperando el verdadero momento histórico de todo esto: la condena. Porque lo que cierra el ciclo histórico de la violencia en este país es que haya un juicio con todas las garantías, donde se demostró la culpabilidad de los imputados. Ahora, me parece que lo que corresponde es la condena más firme para los delitos más atroces y aberrantes que se han vivido en esta ciudad. No hay en ninguna cárcel del país un delincuente más peligroso que estos tipos”, añadió.
Durante la entrevista radial, Czerniecki se refirió también a uno de los argumentos utilizados por los abogados defensores de los imputados para interrumpir la exposición de los letrados de la querella: el pedido al Tribunal de nulidad del alegato de parte por supuesta lectura textual del mismo.
“Es cierto que hay una norma en el Código Procesal Penal (CPP), que no estipula sanción de nulidad pero sí marca que los alegatos deben ser orales y no escritos. Esto tiene que ver con que cuando se cambió el Código veníamos de un sistema de juicio oral por escrito y, al pasarse al sistema de juicio oral, muchos abogados acostumbrados al sistema viejo llegaban con el bibliorato a leerlo. A los efectos de evitar eso y de que tuviera sentido lo que pasaba en la audiencia oral, se incorporó esa norma”, explicó Czerniecki.
Desde su óptica, “acá hay un conflicto de normas, entre ésa y una superior, que es el derecho constitucional que tienen las víctimas a expresar la acusación a sus victimarios. Y mucho más el Ministerio Público Fiscal, que además del derecho tiene el deber de ejecutar la acción”.
 La norma incluida en el CPP, indicó, “está concebida para juicios comunes, donde son dos o tres audiencias como mucho, con cinco o diez testigos, y en base a eso hay que alegar en torno a un hecho”. Pero, expuso, es distinto en el caso de tener que “alegar sobre un juicio que empezó el 28 de junio del año pasado y tuvimos tres testigos por cada uno de los más de noventa delitos”, relacionados entre sí a partir del secuestro de la víctima, su permanencia en los Centros Clandestinos de Detención, las torturas y su destino final, que pudo ser su homicidio, su desaparición o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por los represores para defenderse de las acusaciones, Czerniecki relató que las responsabilidades son cargadas en las espaldas de “los militares muertos, los que llaman subversivos u otros. O bien, ellos no saben nada”. Asimismo, enumeró la excusas planteadas por cada imputado: algunos manifestaban estar dedicados sólo a la organización de desfiles, otros a la preparación militar ante un eventual conflicto con Chile o, en el caso del represor Osvaldo Paéz, al cuidado de los silos y campos de la región porque, según argumentó, podían darse atentados contra las cosechas. Cabe reseñar que, por supuesto, jamás se produjo en la zona un atentado de tal naturaleza. Una muestra más de que la mentira tiene patas muy cortas, aunque durante treinta años haya gozado de la impunidad que está por acabársele.

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